En un hecho que generó profunda polémica, la República Argentina votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condena la tortura en “todo momento y lugar”. La decisión, tomada el 23 de noviembre, colocó al país en un grupo minoritario junto a Estados Unidos e Israel, rompiendo con el consenso internacional que históricamente aprobaba estas medidas de forma unánime.
La resolución exhortaba a los Estados a aplicar la prohibición absoluta e irrevocable de la tortura y a garantizar la rendición de cuentas de los responsables. Sin embargo, la delegación argentina se negó a respaldarla, en lo que se interpretó como un alineamiento automático con la política exterior de Washington y Tel Aviv. Otros cuatro países se abstuvieron: Rusia, Nicaragua, Burundi y Papúa Nueva Guinea.
El ex embajador Roberto Carlés criticó duramente la postura argentina y advirtió que este seguidismo diplomático es “contraproducente para la soberanía nacional”. “Las grandes potencias no respetan a los arrastrados”, afirmó. La votación se produjo apenas una semana después de que funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentaran en Ginebra para cuestionar a organismos internacionales y promover una “memoria completa” sobre la última dictadura.
