En un nuevo giro de su política económica, el Gobierno nacional parece estar embarcado en una campaña denominada de “dolarización endógena”, al crear escasez de pesos para forzar a los ciudadanos a desprenderse de los dólares que atesoran.
El Gobierno hace referencia a las ingentes cantidades de dólares que los argentinos poseemos fuera del sistema, ya sea en el exterior o en el país (en cajas de seguridad o en los hogares).
Para darnos una idea de magnitud, cálculos realizados a través de diferentes metodologías por instituciones privadas y organismos públicos estiman que tenemos entre U$S 250 mil millones y 450 mil millones fuera del sistema, consecuencia de los desmanejos políticos, económicos e institucionales de las últimas décadas. Los especialistas coinciden en que esto es un enorme problema para el normal funcionamiento de la economía.
Aunque a veces se diga que el problema de la Argentina es que no genera los dólares suficientes para abastecer nuestra economía, la realidad es que sí los genera, pero no puede retenerlos.
Como expresara hace unos años Sergio Berensztein, “los argentinos acumularon más dólares que los necesarios para financiar la producción, importar bienes y servicios, viajar al exterior y hasta pagar las deudas. Pero, con mucho criterio, deciden protegerlos de los esperables y recurrentes zarpazos de los gobiernos de turno. El temor es comprensible: una profusa historia de inseguridad jurídica, cambios permanentes y antojadizos de las reglas del juego, fragilidad institucional y una clase política personalista, diletante e inepta son rasgos tan característicos como traumáticos. La crisis de credibilidad es un fenómeno permanente, por una cadena ininterrumpida de mala praxis”.
Las consecuencias de este fenómeno son múltiples: se reducen los recursos disponibles para la inversión privada local y empeoran las condiciones del balance de pagos al reducir la disponibilidad de divisas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones comerciales y financieras y para la estabilidad del tipo de cambio. Además, aquellos activos que no son declarados en el país de origen erosionan la base imponible de tributos que recaen sobre los sectores de mayores recursos, con un efecto regresivo sobre la distribución del ingreso. Por último, representa una parte muy significativa de la problemática de la deuda externa en nuestro país.
¿Cuál es la salida?
En épocas de crisis, todos los gobiernos buscan de manera desesperada recuperar o frenar el drenaje de estos activos que huyen del ciclo financiero y productivo local mediante formas cortoplacistas y muchas veces contraproducentes en el largo plazo: cepo cambiario, control estricto al movimiento de capitales y los siempre presentes blanqueos. Sin embargo, ninguno es capaz de generar los incentivos y las condiciones adecuadas para que esos activos no se vayan.
El cambio que necesitamos requiere de dos aspectos fundamentales: madurez política e institucional para que la dirigencia argentina recupere la credibilidad, y un plan económico confiable, eficaz y sostenible en el tiempo. Como dice el analista Christian Buteler, “la confianza no se impone: la confianza se gana”.
Luego de una larga historia de fracasos en ambos aspectos, la sociedad apostó fuerte a un cambio de rumbo. Sin embargo, las constantes peleas internas dentro del partido libertario, los despidos masivos de funcionarios, la incapacidad del Gobierno para tejer alianzas de gobernabilidad, el enfrentamiento del Presidente con nuestros socios comerciales (Brasil, Chile, China, España, Colombia, Bolivia y México, entre otros) y la falta de transparencia respecto de quienes ejercen el poder tras bambalinas en un sistema en el que la autoridad formal no coincide con el poder real, parecen no contribuir a la madurez política e institucional necesaria.
Por el otro lado, la falta de claridad respecto del rumbo de la política monetaria y cambiaria, las constantes inconsistencias entre el relato y las acciones, la aparente improvisación de medidas erráticas que se anuncian y luego desestiman por Twitter, y las dudas respecto de la evolución de las variables macroeconómicas, parecen estar pesando más que el superávit fiscal.
Así, una vez más el Banco Central se quedó sin dólares y no hay señales claras respecto de cómo se van a obtener las divisas necesarias para hacer frente a los compromisos de deuda, a la reactivación de la economía y a la intervención cambiaria anunciada. Vivimos en un permanente estado de emergencia.
No se pretende que el Gobierno resuelva los problemas en siete meses. Se pretende que sea capaz de ofrecer certidumbre de cara al futuro. Los agentes económicos miran el futuro, no el pasado. Con los incentivos y las condiciones adecuadas, sobran los dólares en este país. Pero no sólo con incentivos económicos. Argentina necesita madurar en lo político e institucional.
Si seguimos así, no importa cuánto exportemos. No importa cuántos recursos naturales ofrezcamos. No importa cuánta deuda externa contraigamos o cuántos dólares frescos nos dé el FMI o Donald Trump. Lo más probable es que el ahorro generado en el país siga huyendo. Ni el agro, ni Vaca Muerta, ni el litio pueden abastecer semejante salida de capitales.
Es muy posible que mientras la lógica de la política siga siendo la que se impuso en los últimos gobiernos, de elegir enemigos internos, uno detrás del otro, como método de acumulación de poder, la desconfianza, la inseguridad jurídica, la falta de certezas y la ausencia de un rumbo sustentable en el tiempo serán la consecuencia. Y que el ahorro de los argentinos no se destine al crecimiento y al desarrollo de nuestra nación.
* Licenciada en Administración
