La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición en todo el territorio nacional del uso, la venta, la distribución y la promoción de un acondicionador capilar tras detectar irregularidades en su formulación y en la información del envase, según comunicó el organismo.
La resolución afecta al producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl, que se comercializaba sin datos clave para su trazabilidad, como el número de lote y la fecha de vencimiento, situación que imposibilitó validar su procedencia y habilitación ante las autoridades sanitarias.
Los motivos de la prohibición del producto para el cabello
La medida quedó oficializada mediante la Disposición 28/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, tras una investigación iniciada a partir de una denuncia recibida por el área de Cosmetovigilancia de la ANMAT. En ese marco, se comprobó que el producto se comercializaba con un etiquetado que incumplía las exigencias obligatorias y que no correspondía a ningún cosmético debidamente registrado en la base oficial del organismo.
De acuerdo con la información difundida, el envase exhibía el número de legajo de un laboratorio habilitado para la elaboración de cosméticos, aunque su responsable negó cualquier vínculo con el acondicionador detectado y aseguró que toda su producción se encuentra correctamente identificada con número de lote y fecha de vencimiento.
Además, durante la inspección se constató que el único lote declarado incluía componentes expresamente prohibidos por la normativa vigente, como el azul de metileno y la violeta de genciana, sustancias que están vetadas para uso cosmético desde 2015.
Si bien la ANMAT ya había dispuesto el retiro inmediato del producto del mercado, con la publicación de la disposición la prohibición quedó ampliada y formalizada, alcanzando de manera explícita su oferta en plataformas de venta online y cualquier tipo de publicidad o promoción.
Desde el organismo señalaron que la decisión apunta a resguardar la salud de los consumidores, ya que en el caso de productos considerados ilegítimos no se pueden asegurar condiciones básicas de seguridad, calidad ni eficacia.
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