La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio un giro decisivo tras la declaración de un testigo de identidad reservada que aportó información clave para ampliar la investigación. Su testimonio fue determinante para que el juez Sebastián Casanello procesara a 19 personas, entre ellas el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete. La Justicia sospecha que el esquema de sobornos y fraude podría ser más amplio de lo que se conocía hasta ahora.
Según la pesquisa, liderada por el fiscal Franco Picardi, el testigo aportó datos sobre transacciones bajo análisis y sobre el funcionamiento de una presunta red de ortopedias proveedoras de la ANDIS. Los investigadores creen que Calvete no actuaba solo como gestor, sino como intermediario entre el organismo y las empresas, facilitando pagos a cambio de retornos.
Escuchas telefónicas incorporadas al expediente sugieren que Calvete garantizaba la liberación de pagos oficiales a cambio de beneficios económicos. En paralelo, avanzan las medidas de prueba vinculadas al presunto lavado de dinero: el juez ordenó indagatorias a supuestos lavadores y trabajan en conjunto el Ministerio Público Fiscal y la Procelac para seguir la ruta del dinero.
La lupa también está puesta sobre la Droguería Suizo Argentina y la familia Kovalivker. Aunque no fueron procesados, la Justicia enfrenta obstáculos técnicos: uno de los teléfonos entregados estaba vacío, otro permanece bloqueado y, ante la negativa de aportar claves de correos corporativos, se solicitó información a proveedores en Estados Unidos, un trámite que podría demorar meses.
La causa además roza la política nacional. Un audio de Pablo Atchabahian dirigido a Calvete menciona a un “Helvético”, identificado como Sebastián Nuner Uner, ejecutivo de la firma, y a “Rioja”, apodo que los investigadores vinculan con Eduardo “Lule” Menem. Allí se hablaba de “alinear jugadores” para evitar errores de Spagnuolo. Desde esta semana, el expediente quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien deberá decidir cómo continuará la investigación y si analiza la posible manipulación de audios que podrían incluso derivar en la nulidad del proceso.
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