Mariela compró un departamento a estrenar en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, mediante el Plan PROCREAR, y decidió prestárselo a una compañera de trabajo mientras terminaba su contrato de alquiler. La condición era clara: la amiga debía hacerse cargo de las expensas y servicios, sin pagar alquiler.
Un año después, cuando Mariela quiso mudarse, su amiga se negó a dejar el inmueble, argumentando que el departamento “pertenece al Estado” y que parte fue pagado con sus impuestos. La situación derivó en un conflicto judicial que aún sigue abierto.
En julio de 2025, la justicia falló a favor de Mariela y ordenó el desalojo, pero la ocupante apeló la decisión y continúa viviendo en el departamento, sin abonar expensas ni servicios, y generando problemas de convivencia con los vecinos.
Actualmente, la dueña enfrenta gastos de dos propiedades y sigue pagando el crédito PROCREAR mientras espera la resolución final de la Cámara de Apelaciones, que definirá el destino del inmueble.
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