La noche del martes, un allanamiento en la vivienda de Fernanda Miño, dirigente social vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), desató una ola de críticas hacia el Gobierno nacional. El operativo, que se llevó a cabo en el marco de una investigación por el robo de una moto, fue denunciado por Juan Grabois, quien aseguró que Miño fue agredida por los efectivos policiales durante el procedimiento.
Grabois, al llegar al lugar tras recibir alertas de los vecinos, relató que Miño fue interceptada por un grupo de policías encapuchados y armados al abrir la puerta de su casa en Villa La Cava. Según su testimonio, durante el operativo, los uniformados impidieron que la dirigente se comunicara con su abogado, lo que llevó a Grabois a calificar la situación como un “accionar propio de la dictadura”.
En un video compartido en redes sociales, el dirigente expresó su indignación: “A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada, entonces, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto”. Grabois cuestionó la legitimidad del operativo, argumentando que la rapidez con la que actuaron las autoridades por un robo tan menor revela un sesgo hacia quienes están en posiciones vulnerables.
El líder de la UTEP denunció, además, que Miño fue golpeada durante el allanamiento, y destacó la contradicción de que, en un barrio marcado por la violencia del narcotráfico, se realizara un despliegue policial tan intenso por un robo de baja importancia. “Son muy guapos con los pobres, muy fuertes con los de abajo”, criticó, sugiriendo que las prioridades de las fuerzas del orden no están alineadas con las necesidades reales de la comunidad.
Miño ha estado en la mira del Gobierno desde principios de año, cuando se realizó una auditoría sobre el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), del cual era responsable. Aunque la auditoría no ha evidenciado corrupción, las sospechas sobre su gestión han generado tensiones políticas. Desde su creación, el FISU ha financiado miles de obras en barrios vulnerables, pero su vinculación con cooperativas asociadas a movimientos sociales ha suscitado cuestionamientos.
El hecho ha puesto de manifiesto la creciente fricción entre el movimiento social y el Estado, en un contexto donde la acción policial es cada vez más criticada por su uso desmedido de la fuerza y su enfoque en la criminalización de la pobreza.
Gravisimo. Fernanda Miño llegó a las 22hs a su casa en Villa La Cava de San Isidro de la presentación del documental de Ofelia Fernández. Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron…
— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 9, 2024
Llegamos. Se fueron a los cinco minutos. Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros en el fondo. Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizados. Esto no queda así. No nos…
— Juan Grabois (@JuanGrabois) October 9, 2024
Bullrich le respondió a Grabois por el allanamiento a la casa de Fernanda Miño
La tensión política se intensifica tras el allanamiento en la casa de Fernanda Miño, titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Juan Grabois, dirigente social del Frente Patria Grande, denunció que el operativo, llevado a cabo por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue “ilegal” y acusó al Gobierno de abuso de poder. En respuesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió al cruce de estas afirmaciones y apuntó a la gestión provincial de Axel Kicillof.
Bullrich utilizó su cuenta en X para aclarar que “el operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, sugiriendo que Grabois dirigiera sus quejas hacia el gobernador. Esta declaración se produjo en el contexto de una controversia que ha ganado atención mediática, especialmente luego de que Grabois publicara un video en el que critica el accionar policial durante el allanamiento, que se realizó en un horario que él considera sospechoso.
Grabois. El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof. https://t.co/Vad2ZZ55oz
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2024
La Policía Bonaerense defendió el operativo, asegurando que fue legal y solicitado por la Justicia en el marco de una investigación por un robo armado que involucró disparos. Según la fuerza, “el accionar de la Policía fue correcto” y se mantuvo dentro de la ley.
El contexto del allanamiento es complejo. Miño ha estado bajo el escrutinio público desde febrero, cuando se puso en duda la gestión de los fondos del FISU durante su mandato. A pesar de que el Gobierno no ha presentado pruebas concretas de corrupción, la situación ha suscitado múltiples interrogantes. Según datos oficiales, hasta enero de este año, el crédito vigente del FISU ascendía a $23.283 millones, mientras que el total de fondos utilizados durante la administración anterior podría alcanzar los $200.000 millones. De las 6.517 obras reportadas, solo 400 se encontraban finalizadas, lo que pone en tela de juicio la efectividad del programa.
El FISU fue creado para financiar proyectos en asentamientos populares y ha sido fundamental en la realización de 1.278 obras en barrios vulnerables. Sin embargo, el bajo porcentaje de obras finalizadas ha generado críticas sobre la gestión de los recursos y la transparencia del programa.
