La Justicia avanzó sobre el organismo de control tras la denuncia penal del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por “obstrucción” en la compra de drones para la Policía.
La tensión política en Córdoba se profundizó este miércoles luego de que la Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial II dispusiera un allanamiento en el Tribunal de Cuentas, en el marco de la causa que investiga el bloqueo a la licitación de drones de patrullaje para la Policía provincial.
La denuncia fue presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien acusó a la mayoría juecista del Tribunal de “obstrucción” en la compra de un sistema integral valuado en más de 7 millones de dólares. La medida judicial buscaba obtener el expediente administrativo de la licitación, pero encontró resistencia inmediata.
El presidente del Tribunal, Beltrán Corvalán, rechazó el procedimiento, lo calificó de “improcedente” y denunció un intento de “amedrentar” al organismo de control. “No nos vamos a dejar apretar”, sentenció en declaraciones radiales, al tiempo que advirtió que la documentación requerida ya no se encuentra físicamente en el Tribunal, sino en el Ministerio de Seguridad.
El cruce escaló rápidamente al plano político. Corvalán habló de “persecuciones” y apuntó contra el gobierno de Martín Llaryora, mientras que desde la oposición, el senador Luis Juez calificó el accionar como “inédito” y lo vinculó con un intento de avasallar al organismo de control.
La causa, que comenzó como una investigación administrativa, se transformó en un conflicto institucional abierto: por un lado, la Fiscalía avanza sobre la denuncia de Quinteros; por el otro, el Tribunal de Cuentas defiende su rol y denuncia una embestida política.
En el trasfondo, el caso expone una disputa más profunda sobre el rol de los organismos de control, la capacidad de la Justicia para investigar al poder y el uso político de las denuncias en un contexto de alta confrontación. La definición quedará ahora en manos del juez de Control que deba intervenir, pero el expediente ya instaló una nueva zona de conflicto entre Justicia, política y administración de fondos públicos en Córdoba.
fuente: El perfil Córdoba
