El presidente Javier Milei ganó un aire inesperado en medio de la crisis desatada con el caso de José Luis Espert. La reforma de la Ley de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia), que comprometía a la gestión libertaria, recibió cambios en la Cámara de Diputados y volvió al Senado. Con ayuda de gobernadores y exlibertarios, el Gobierno logró evitar que la oposición sancionara la norma este mismo miércoles porque se cayó uno de los artículos, el 3.
La ley actual establece que, para que quede firme un decreto, basta con el aval de una sola Cámara, mientras que para rechazarlo se requiere el voto negativo de ambas. La oposición pretendía invertir la ecuación: aprobación por las dos Cámaras y anulación de una sola. Además, el proyecto indicaba que si los decretos no se trataban en un plazo de 90 días, caían automáticamente.
No obstante, el artículo 3 (que fijaba ese plazo) obtuvo 127 votos, y se necesitaban 129 (mayoría absoluta). De esta manera, solo quedó firme que los DNU se rechazan por una sola cámara, pero seguiría vigente la “sanción ficta”. Es decir, el Congreso no tendría plazos para tratar los DNU, y si hay “silencio legislativo” quedarían en pie como en la actualidad.
El resultado cayó como un baldazo de agua fría en la oposición, que pretendía alzarse con la ley este mismo miércoles. Más cuando el proyecto, en la votación en general, superó con holgura la mayoría necesaria: recibió 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. Pero entre la votación en general y en la particular, hubo 13 votos que se perdieron.
Las presiones sobre gobernadores no surtieron efecto con el cordobés Martín Llaryora (que aportó los votos a favor de Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge), pero sí sobre el chubutense Ignacio “Nacho” Torres y el santafesino Maximiliano Pullaro, que ayudaron a Milei con tres votos negativos al artículo en cuestión.
También fue responsable el radical disidente Facundo Manes, que se ausentó en la votación del artículo caído (antes, había protagonizado un fuerte cruce con Martín Menem, al que acusó de haberlo amenazado en un pasillo). Otras claves fueron tres abstenciones de la Coalición Cívica y dos radicales que habían votado a favor en general (Karina Banfi y Fabio Quetglas).
También hubo diputados que dieron un giro de 180 grados: acompañaron la ley y luego rechazaron el artículo 3. Fueron cuatro exlibertarios del bloque Coherencia y Desarrollo, y tres del PRO, entre los que figuró el cordobés Héctor Baldassi.
Los cordobeses alineados al gobernador Martín Llaryora se mantuvieron del lado de la oposición. Salvo Alejandra Torres, que se ausentó por considerar que la sesión era “una puesta en escena electoral del kirchnerismo”, sus pares Gutiérrez, García Aresca y Brügge aportaron al quórum y votaron todo a favor. También lo hicieron los otros dos cordobeses de Encuentro Federal, Natalia De la Sota y Oscar Agost Carreño.
La UCR no logró unificar una posición y la mayoría del bloque decidió abstenerse en todas las votaciones. La bancada liderada por el cordobés Rodrigo De Loredo reclamaba que los cambios comenzaran a regir a partir de 2027, es decir, del próximo gobierno.
“Estamos ante una paradoja institucional. Exigir en tiempo récord a un gobierno que no tiene un solo gobernador, un solo intendente, que tiene un puñado de improvisados diputados y un puñado de senadores, lo que no le exigieron a los gobiernos anteriores constituye un hecho que paradójicamente los desestabiliza institucionalmente”, aseveró De Loredo.
También aprovechó para pegarle a Llaryora y cuestionó “la doble vara de gobernadores, como el de Córdoba, que parecen suizos en este reciento pero gobiernan sus legislaturas con decretos delegados”. Cuando finalizó su discurso, se cruzó fuera de micrófono con García Aresca, ubicado a solo unas bancas de distancia.
Alivio para LLA
La reforma prometía ser letal para La Libertad Avanza, que tiene debilidad parlamentaria. Aún con la ley vigente, menos estricta que la que se acaba de aprobar, el mileísmo ya sufrió el rechazo de dos DNU (el que aumentó fondos reservados de la SIDE y el que desreguló la Marina Mercante) y cuatro decretos delegados (la eliminación de Vialidad, la transformación del INTA, el INTI, el Banco de Datos Genéticos y otros organismos de Economía y Cultura).
Por este motivo, el oficialismo jugó fuerte. El presidente de la Cámara, Martín Menem, se puso al hombro los llamados y mensajes telefónicos a gobernadores, mientras que el aliado PRO Cristian Ritondo también presionó por su lado. Incluso antes de la votación, intentó bajar el tema a cambio de la licencia que pidió sobre la hora José Luis Espert para descomprimir la tensión.
En la oposición defendieron los cambios. “No estamos legislando contra nadie. Las leyes se sancionan en la oportunidad donde hay consenso, y acá hubo consenso”, dijo el cordobés Brügge, al señalar que la ley vigente tiene “vicios de inconstitucionalidad”. Asimismo, la massista Mónica Litza (Unión por la Patria) aclaró que “no le quitamos las facultades a Milei de dictar DNU, como estuvieron diciendo victimizándose”.
Miguel Pichetto, líder de Encuentro Federal, también marcó las falencias de la ley actual, que él mismo votó. “Después de casi 20 años hemos tenido una experiencia donde cada gobierno ha utilizado este instrumento en exceso”, advirtió. También sostuvo que “esta no es una iniciativa contra el presidente”, sino “una ley oportuna para abrir otro camino los próximos dos años. De lo contrario va a haber una democracia de conflicto, como se viene planteando”.
Entre las principales voces del oficialismo, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, apuntó que “nadie puede pecar de ingenuo y creer que el kirchnerismo realmente quiere mejorar las instituciones de la República”. Por el contrario, consideró que “quieren desestabilizar al Gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan, y lo hacen a través de este proyecto que modifica de la peor manera la ley”.
Para Mayoraz, “lo que están instalando es el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, donde ya no va a ser el Ejecutivo el que tome las decisiones. Si el Poder Legislativo se convierte en el controlador de la validez de los DNU y los delegados a través del simple silencio o incluso violando el sistema bicameral, queda entonces instalado este poder”.
Según un informe de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Milei es el presidente que, proporcionalmente, más DNU dictó por año: firmó 50 en su primer año de mandato, mientras que Alberto Fernández dictó 44,25 DNU por año, Mauricio Macri 17,5, y Cristina Kirchner 11,75, si se toma el cuenta el período entre 2011 y 2024.
En ese lapso se dictaron 344 DNU y 1.058 leyes, lo que significa que cada tres leyes hubo un DNU. Esto da cuenta del abuso de los sucesivos gobiernos sobre una herramienta pensada para casos de “necesidad y urgencia”, como catástrofes ambientales. El año pasado se rechazó el primer DNU de la historia (el de los fondos de inteligencia), lo que también evidencia las dificultades del Congreso para ejercer el control con la ley actual.
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