En Argentina, desde hace más de una década está prohibida la venta, importación y publicidad de productos de vapeo. Sin embargo, la norma de la ANMAT de 2011 quedó desactualizada frente a la evidencia científica actual, que sostiene que vapear es menos dañino que fumar y una herramienta eficaz para dejar el cigarrillo.
En este escenario, la organización internacional World Vapers’ Alliance lanzó en el país la campaña Vapeo Responsable, que busca dar visibilidad a los usuarios, combatir la desinformación y presionar al Gobierno nacional para reemplazar la prohibición por una regulación inteligente.
El problema del mercado negro
Según los impulsores de la iniciativa, la prohibición no redujo el consumo, sino que lo trasladó al mercado ilegal. Hoy los dispositivos y líquidos se consiguen en kioscos o redes sociales sin control sanitario ni restricción de edad. El riesgo es mayor porque muchos de estos productos no cumplen estándares de calidad, lo que puede derivar en problemas de salud como ocurrió en EE.UU. con el brote de EVALI por líquidos adulterados.
“Lo que pedimos no es promover el vapeo, sino que se regule con sentido común: calidad, trazabilidad y prohibición a menores”, explicó Alberto Gómez Hernández, representante de la campaña.
Una petición ciudadana
La acción central es la recolección de firmas en Buenos Aires y a través de un sitio web oficial. La petición ya superó las 5 mil adhesiones y busca llegar a 10 mil para ser presentada al Gobierno antes de fin de año. Entre los puntos clave se reclama: derogar la disposición 3226/2011, permitir el acceso legal para fumadores adultos, prohibir la venta a menores y establecer estándares de seguridad.
Más allá de la salud: un potencial económico
Los organizadores subrayan que una regulación moderna no solo tendría impacto sanitario, reduciendo enfermedades asociadas al tabaco, sino también económico. El Estado podría recaudar impuestos proporcionales al riesgo e incluso desarrollar una industria nacional de productos de nicotina de menor daño para exportación.
“Prohibir es fácil, pero no resuelve nada. Regular con responsabilidad puede proteger a los jóvenes, mejorar la salud pública y abrir oportunidades productivas”, sostienen desde la campaña.
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