Lejos de las dudas y desconfianzas que envuelven al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) por la metodología para medir la inflación, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) atraviesa uno de los momentos críticos desde su conversión en ente autárquico, en medio de un conflicto gremial con claros ribetes políticos para Jorge Macri.
La crisis está catalizada por la decisión oficial de demorar el pago de un bono extraordinario previsto en la ley orgánica del instituto, lo que encendió las alarmas en los gremios. En paralelo, la Jefatura de Gabinete no autorizó la renovación de 165 contratos de locación de servicios de técnicos y empleados de distintas áreas, algunos de ellos con más de 15 años de antigüedad.
Durante enero, tanto ATE como Sutecba activaron gestiones y asambleas para exigirle al titular del IDECBA, José María Donati, el pago del Fondo 6724, el principal incentivo salarial contemplado en la ley que creó el organismo. La situación amenaza con afectar el funcionamiento del instituto: el propio Donati reconoció que están operando “al límite” y que, de confirmarse la caída de los contratos, avanzarán en la capacitación de todo el personal -incluidos choferes y ordenanzas- para sostener los relevamientos de precios y costos.
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La pelea política en el INDEC porteño
Para los gremios estatales, el conflicto excede un ajuste financiero y responde a una puja política por el control de un organismo sensible para la coyuntura económica y electoral, una lectura que se refuerza tras el impacto que tuvo a nivel nacional la salida de Marco Lavagna del organismo nacional por la negativa de Toto Caputo y Javier Milei a cambiar el método de medición del IPC.
Donati, que lleva 16 años ocupando cargos relevantes dentro del IDECBA, llegó a la conducción del organismo de la mano de Néstor Grindetti, el primer jefe de Gabinete de Macri que abandonó la gestión hace casi un año. En ese marco, la hipótesis de que Uspallata busca colocar a un dirigente propio en ese cargo gana fuerza entre los trabajadores.
En la primera reunión paritaria entre Sutecba y el Gobierno porteño, en agosto de 2024, quedó asentado -con el aval del ministro de Hacienda, Gustavo Piragine– que el Fondo Estímulo se incorporaría a los ítems salariales, de modo que la creación del Instituto no implicara una pérdida de ingresos para técnicos y empleados. Esa definición fue ratificada en la resolución interna que estableció el marco normativo del IDECBA en abril de 2025.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, resolvió revocar esa resolución y dejar sin efecto la incorporación del fondo a la escala salarial. El argumento oficial fue que esos recursos estaban destinados exclusivamente a agentes de determinadas direcciones generales del área de Hacienda y de Patrimonio Urbano, así como a los directores generales.
La decisión motivó que el titular del instituto activara un per saltum administrativo mediante una nota dirigida directamente al jefe de Gobierno, en la que advirtió que no contar con los cupos de contratación necesarios para personal y asistentes técnicos pone en riesgo la continuidad de los trabajos de campo y de elaboración de estadísticas. Donati anticipó además que la situación podría afectar la calidad y eficiencia de la producción estadística que el IDECBA sostiene desde hace décadas.
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Un organismo clave de la Ciudad de Buenos Aires
La historia del IDECBA se inscribe en una larga tradición de producción estadística en la Ciudad de Buenos Aires. Ya en 1882, la Ley Orgánica 1.260 creó una Oficina de Estadística municipal que, desde fines del siglo XIX, ganó prestigio con publicaciones como el Boletín de Estadística Municipal, el Anuario Estadístico y la realización de censos y relevamientos sistemáticos.
Con el paso del tiempo, esa función se consolidó y el organismo construyó una reputación técnica basada en la producción regular de indicadores y en la certificación de su sistema de gestión de calidad (ISO 9001), que mantiene desde 2007. Además, durante la gestión de Mauricio Macri, sus informes adquirieron relevancia política al ser contrastados con los del INDEC nacional, entonces cuestionado por presunta manipulación de estadísticas.
El cambio institucional más significativo llegó con la Ley 6.724, que transformó a la histórica Dirección General de Estadística y Censos en un ente autárquico en lo administrativo y financiero, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. La norma definió al IDECBA como autoridad de aplicación del sistema estadístico porteño y presentó ese viraje como un punto de inflexión destinado a blindar la producción de datos oficiales, concebidos como un bien público.
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