La causa por el secuestro y asesinato del joven Santiago Aguilera Allende, que conmovió a Traslasierra en 2022, dio un vuelco rotundo. La Cámara Federal de Casación Penal ordenó la absolución inmediata de Julio César Ramírez, quien cumplía una pena de 12 años de prisión.
La drástica decisión se tomó tras comprobarse que la prueba científica clave era falsa. La fiscalía acusaba a Ramírez de haber ingresado a la cuenta de Gmail de la víctima el día del crimen, pero una investigación paralela demostró un escenario completamente diferente.
El peritaje determinó que quien ingresó a la cuenta de la víctima fue Ramiro Daverio, un investigador de la propia fiscalía, bajo las órdenes del fiscal Enrique Senestrari. El agente judicial reconoció que utilizó un dispositivo oficial para exportar datos y que las direcciones IP se confundieron.
“Gravedad institucional” y pedido de investigación al fiscal del caso Aguilera
Ante este panorama, los jueces de Casación calificaron el hecho como un escenario de “singular gravedad institucional”. Por este motivo, giraron el fallo a la Procuración General de la Nación para que se investigue penalmente al fiscal federal Enrique Senestrari.
El tribunal criticó con dureza la falta de profesionalismo y la contaminación probatoria del caso. Además, se recordó que la querella ya cuestionaba al fiscal por no haber indagado como arrepentido al otro detenido, Walter Gil, cuando la víctima todavía se encontraba con vida.
El trágico hecho ocurrió en agosto de 2022, cuando Santiago Aguilera, de 18 años, fue secuestrado en Villa Dolores. Tras un pedido de rescate de 7 millones de pesos que nunca se concretó, el joven fue hallado sin vida y con signos de tortura en la zona de Las Tapias.
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