
Este 3 de noviembre se cumplen tres décadas de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, un hecho que dejó un saldo de siete muertos, más de 300 vecinos heridos y daños materiales millonarios. La tragedia se desencadenó con tres explosiones: las dos primeras en la planta de descarga y la más potente en el depósito de expedición y suministros, desde donde miles de proyectiles se dispersaron por los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino.



Aún hoy, muchas de las víctimas esperan recibir las indemnizaciones por los daños físicos, psicológicos y materiales sufridos, establecidas por la ley 27.179, sancionada en 2015. Ana Gritti, abogada y querellante en la causa, resumió la frustración de los damnificados: “Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”. Entre los fallecidos estaba su esposo, Hoder Dalmasso.
La investigación judicial reveló que la noche anterior a las explosiones, personas no identificadas ingresaron a la fábrica para manipular los elementos que provocarían el desastre. La dirección de las explosiones, que se dirigió hacia los barrios y no al polo petroquímico, reforzó la hipótesis de intencionalidad.

Aunque en el momento el entonces presidente Carlos Saúl Menem calificó el hecho como un accidente, años después la Justicia determinó que se trató de un plan para encubrir el faltante de material bélico enviado por contrabando a Ecuador y Croacia. Menem fue citado a juicio, pero falleció en 2021 antes de que se pudiera llevar a cabo.

En lo judicial, se alcanzó un acuerdo para el pago de indemnizaciones a los damnificados, pero la implementación avanza con lentitud: de los cerca de 8.000 reclamos presentados, en octubre de 2025 solo se habían abonado 196. La Legislatura de Córdoba también ordenó la desclasificación de expedientes para garantizar transparencia.
Aunque las principales causas penales están prácticamente cerradas, los afectados y sus representantes siguen exigiendo que se cumpla el acuerdo, se aclaren los expedientes y se efectúen los pagos pendientes, manteniendo vivo el reclamo por justicia y reparación a 30 años de la tragedia.



