A 100 días de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño cordobés de apenas 3 años que fue visto por última vez en su vivienda familiar, ubicada en un ladrillal de la zona rural de Ballesteros Sud, la investigación judicial se tramita en medio de testimonios repletos de “contradicciones insalvables”.
Dicho de manera llana, hay una serie de declaraciones con afirmaciones contrapuestas entre sí, entre las que podrían existir algunas mentiras, según aseguraron fuentes con acceso a la causa.
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Esta endeblez en los testimonios –reconocen ahora los investigadores– se detecta desde las primeras declaraciones luego de que sus papás denunciaron la ausencia de su hijo, algunas horas después de no haberlo encontrado, tras dormir una siesta durante la tórrida tarde del sábado 22 de febrero.
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Allí comenzó este camino complejo, en el que se fueron entreverando las afirmaciones de otros testimonios, con el paso de los días.
Nadie descarta que la dificultad en el manejo del habla de parte de los involucrados, todos pertenecientes a una comunidad de familias oriundas de Bolivia, haya colaborado en esta situación.
Lo cierto es que ahora los investigadores dicen estar “enredados” y frente a un “abroquelamiento” de parte de todos los actores involucrados.
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Frente a este estancamiento, surgió una posibilidad que podría no tener antecedente en el país: utilizar un polígrafo (detector de mentiras), mediante colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security).
Aunque es un procedimiento polémico y no aceptado como prueba legal concluyente, podría ofrecer un indicio en medio de la parálisis probatoria actual. Las tratativas ya están en curso, según informaron fuentes del caso.
Aquí no hay distinciones –según los pesquisas– entre los que vivían en ese predio rodeado por sembradíos y tierra, y quienes visitaron el ladrillal aquella tarde.
Así también lo confirma la fiscala federal de Bell Ville, María Virginia Miguel Carmona, quien lleva adelante una investigación orientada a esclarecer un posible caso de trata de personas.
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Según la funcionaria, la actitud esquiva (y podría decirse que errática) de parte de los testigos es una de las razones por las cuales se debe explicar que hasta el momento no haya imputaciones ni detenciones.
Los pesquisas lo expresan de este modo: todos están bajo la misma lupa de la Justicia, sin que se pueda distinguir quién miente y quién dice la verdad.
Pero hay una particularidad inquietante. Como el caso se desarrolla en un predio rural, limitado, alejado de la zona urbana y con escaso tránsito de personas, todos los que allí estuvieron están identificados.
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Por esto, fuentes de la investigación sostienen, entre las hipótesis más firmes, que una persona, o un grupo entre los que estaban en el predio donde se fabrican los ladrillos, podrían haber obrado para atentar contra Lian.
Por el momento, no pueden adelantar más que estos casilleros.
Todos los protagonistas fueron citados en varias oportunidades: los papás de Lian, los vecinos, el dueño de la Volkswagen Suran gris que testigos dijeron haber visto en el predio, otros conductores de camionetas que pasaron por el lugar…
Y a todos se los involucró durante la reconstrucción de los hechos que encabezó la Fiscalía General días atrás.
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En aquel entonces, se explicó que había sido una maniobra “esclarecedora”, porque permitió establecer roles y ubicaciones de cada persona que habita ese predio de unos 400 metros. Y también de los que lo visitaron.
Aquí vale decir que el terraderal donde los ladrillos se fabrican a mano solo está equipado con viviendas precarias, donde viven los trabajadores y sus familias. Por lo demás, hay letrinas, pilas de ladrillos quemados o por quemar y algún ocasional fuego donde se cocinan las comidas diarias.
El predio solo suele ser visitado por compradores ocasionales.
Y todos los dedos judiciales señalan lo mismo: hay un entramado de contradicciones en la que fueron cayendo, uno a uno, los que aquella tarde habitaban o visitaban ese perímetro de viviendas.
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“Hay alguien o varios que callan u ocultan lo que saben. Eso es lo más preocupante”, expresaron los investigadores consultados por este medio. De aquí que existan esperanzas en el hecho de conseguir el detector de mentiras.
“Las contradicciones son muchas, pero una contradicción no alcanza para imputar por falso testimonio. Debemos comprobar que hubo una mentira corroborada, y eso, por ahora, no se logró”, detalló una fuente con acceso a la causa.
Lo más firme que tienen en sus manos los pesquisas es el análisis de unos 40 teléfonos celulares incautados durante las primeras semanas de transcurrido el hecho.
La extracción de información de estos dispositivos, explican, no es sencilla. Si bien la fiscalía federal cuenta con herramientas sofisticadas, provistas por Gendarmería, el crudo es de gran cuantía.
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A ese material hay que cotejarlo con una serie de palabras clave que podrían arrojar información compatible con las hipótesis que maneja la fiscalía.
Toda la información extraída es enviada a Buenos Aires, donde peritos especializados buscan esos indicios con rastros digitales.
“No podemos decir que se lo llevó un desconocido. Las personas estaban ahí y están identificadas”, explicaron fuentes con acceso a la causa, y sostuvieron que la información que se pueda extraer de los celulares será crucial.
Para colmo, a esta falta de imputados o detenidos se le añade un hermetismo institucional por parte de la Justicia de Córdoba que alimenta el desconcierto entre los familiares.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) se limitó a destacar que nunca se dejaron de realizar procedimientos testimoniales y periciales y que en todo momento se continuó con la recolección de material probatorio, con una conexión diaria entre los fiscales involucrados.
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Sin embargo, se informó que por el momento no hay novedades que puedan ser comunicadas por parte de la Justicia provincial. “Cuando se produzca una novedad en la causa, cuya comunicación no entorpezca la investigación, será anunciada”, explicaron altos funcionarios del MPF.
Vale recordar que la causa es tramitada por dos fiscales provinciales: Isabel Reyna y Nicolás Gambini; la mencionada fiscala federal y dos fiscales especializados en Trata: María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
