CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Cámara de Diputados de México, de mayoría oficialista, inició el jueves la discusión de un proyecto de reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de militares, en medio de críticas de activistas y organizaciones de derechos humanos; esta es una de las más polémicas y ambiciosas reformas que el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador quiere pasar antes de dejar su cargo.
El partido gobernante y sus aliados insisten en aprobarla a pesar de que organizaciones de derechos han instado a los congresistas a detener la iniciativa que aseguran que profundizará la militarización de la seguridad pública y no resolverá el problema de la violencia en el país.
Los diputados iniciaron la discusión de la propuesta, que forma parte de un paquete de leyes impulsado en los últimos días del gobierno de López Obrador cuya administración termina el 30 de septiembre, para que la Guardia Nacional, un cuerpo que creado por el mandatario en 2019 para combatir la creciente violencia en el país, salga del control de la Secretaría de Seguridad y pase a ser manejada por el ejército.
El debate comenzó en medio del rechazo de algunos diputados opositores que han asegurado que no apoyarán la iniciativa, aunque el oficialismo cuenta con el control de las tres cuartas partes de la cámara para aprobarla sin apoyo de la oposición.
La congresista opositora Patricia Mercado dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que su partido minoritario Movimiento Ciudadano tiene la convicción de que “la militarización no es la respuesta a los niveles de violencia que existen en el país”, e insistió en que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil.
La reforma forma parte de un viejo anhelo de López Obrador, quien desde hace varios años se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional sea manejada por los militares, para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que el cuerpo se corrompa, como él ha asegurado que ocurrió con la desaparecida policía federal.
López Obrador sufrió el año pasado un revés cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una iniciativa que promovió y que había sido aprobada por la mayoría oficialista del Congreso en 2022 para que la Guardia Nacional pase a control militar. La Corte la dio de baja y dejó a la Guardia Civil bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Pese al rechazo del máximo tribunal y las críticas de activistas, opositores y organizaciones como Amnistía Internacional, López Obrador decidió insistir en la reforma y la incluyó en un paquete de leyes que presentó en febrero en el Congreso. El pase de la Guardia Nacional al control del ejército ha sido respaldado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el jueves al Congreso a no aprobar la reforma y solicitó, a través de su representante adjunto en el país Jesús Peña Palacios, que en lugar de “profundizar un enfoque de predominio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito”.
Entre las organizaciones humanitarias locales que han cuestionado la reforma está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que indicó el miércoles en su cuenta de X que de prosperar la iniciativa “será un paso sin retorno hacia la militarización”. Además llamó la atención por considerar que en el proyecto se elimina la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
El Centro Prodh expresó preocupación porque no se diseñen controles civiles externos y extraordinarios a la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, tal como lo estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Las fuerzas militares han cumplido desde 2006 un papel clave en México para mantener la seguridad en las calles. Ante las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.
En el proyecto de reforma se prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se da atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional cuyo personal será de origen militar, pero con formación policial. En la actualidad más del 80% de los 130.000 integrantes de la Guardia Nacional provienen del ejército y la Marina, según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Asimismo, se otorga facultades al Ejecutivo para “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública”, un punto que también ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos puesto que se extiende de manera indefinida la participación en labores de seguridad de las fuerzas armadas mexicanas, que durante el sexenio de López Obrador recibieron numerosas tareas y presupuestos anteriormente manejados por el sector civil.
Como parte del proceso de transferencia, en la iniciativa se establece que la Sedena asumirá el presupuesto y recursos materiales de operación de la Guardia Nacional.
