El reciente veto a la Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el presidente Javier Milei, generó una fuerte reacción en el ámbito educativo y político. A pesar del impacto que esta medida tiene sobre la educación pública, 38 diputados que votaron a favor de mantener el veto son graduados de universidades nacionales. Entre estos, 23 pertenecen al PRO, 13 a La Libertad Avanza, 3 al Bloque Independencia de Tucumán, y 2 a la UCR.
El resultado de la votación dejó en evidencia el peso que tiene la educación pública en el debate político actual. La traición, como la definen algunos sectores, recae especialmente sobre aquellos legisladores que, siendo graduados de universidades públicas, decidieron sostener una medida que afectará directamente el futuro de estas instituciones.
Diputados apoyaron el veto de Milei
La ley vetada proponía actualizar las partidas presupuestarias del 2023 según la inflación acumulada, lo que hubiera significado un costo fiscal equivalente al 0,14% del PBI. Sin embargo, la Cámara de Diputados, con 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, decidió mantener el veto presidencial que argumenta que esta actualización ponía en riesgo el equilibrio fiscal, un eje central de la política económica del actual Gobierno.
Ante esta situación, el Frente Intersindical Universitario convocó a un paro total para este jueves 10 de octubre, como parte de un plan de lucha para defender los salarios docentes y el presupuesto universitario. “Se ha consolidado una alianza política insensible al sufrimiento de la mayoría de los ciudadanos y al reclamo por sostener un pilar fundamental de nuestra sociedad: la educación pública”, expresaron desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
